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Desde octubre del 2008, el Ecuador cuenta con un nuevo marco constitucional en donde constan algunas categorías novedosas; por ejemplo, que el Ecuador es caracterizado como un Estado plurinacional, lo que implica hacer un reordenamiento político, económico y cultural de la estructura del Estado y de sus políticas públicas. La Constitución también establece la necesidad de construir una nueva forma de convivencia que reconozca la diversidad y la armonía con la naturaleza, a lo que se ha denominado Buen Vivir. Otro aspecto relevante es el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho humano al agua y los derechos de la naturaleza, entre otros.

A pesar de estos avances, gran parte de la legislación secundaria que el Gobierno ha expedido post la aprobación de la nueva Constitución, lejos de conseguir una armonización con el espíritu de este instrumento, ha vaciado los derechos contenidos en ella (Constitución), especialmente los derechos indígenas; por ejemplo la Ley de Agua, Minería, Soberanía Alimentaria, Seguridad Pública, Ordenamiento Territorial, entre otros, lo que ha hecho reaccionar a algunos sectores sociales, especialmente del Movimiento Indígena.

En este contexto es necesario hacer un seguimiento al estado en el que se encuentran los derechos colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas a  partir de los cambios normativos que se están realizando en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, lo que permitirá rastrear e identificar las grandes amenazas que se ciernen alrededor de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución vigente.

El objetivo de este espacio es generar información y análisis de la situación de los derechos colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador.  Todo esto con la finalidad de elaborar un estudio que sirva como herramienta para el debate y reflexión de las organizaciones indígenas y sociales para la construcción de propuestas alternativas.

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