La promulgación de la Constitución del 2008 recoge un planteamiento histórico del movimiento indígena ecuatoriano, esto es caracterizar al Estado ecuatoriano como plurinacional. Este atributo supone apuntalar a una transformación social, política y económica, y una garantía del pleno ejercicio de los derechos colectivos que bajo esta denominación del estado tienen una connotación particular.

Este documento, sin que constituya una recopilación exhaustiva de hechos, analiza algunos relevantes que se han dado en los últimos tres años, esto es a partir de la aprobación del nuevo texto constitucional, y que evidencian el estado de situación de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución así como en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas.

Se hace particular énfasis en el ejercicio del derecho de participación de los pueblos indígenas a través de la consulta previa, libre e informada, toda vez que la vigencia de un nuevo régimen constitucional establece en forma expresa la obligación de consultar previamente a la expedición de normativa secundaría. Cabe indicar que a este tipo de consulta también estaba obligado el Estado bajo la Constitución anterior, que si bien no estaba especificada como en el texto actual, se otorgaba carácter supra legal al Convenio 169 de la OIT que  obliga a consultar sobre cualquier medida administrativa, legal y de política pública. Sin embargo, se esperaba que la aplicación de los derechos colectivos y el de consulta en particular cobren especial sentido en un Estado plurinacional, pero los hechos dan cuenta que su ejercicio está en permanente tensión con la noción del “interés nacional”, a cuyo favor se resuelve cualquier decisión estatal restringiendo el derecho de participación.

Se analizan también otras medidas impulsadas por el Estado ecuatoriano, y que son contrarias al espíritu de los derechos colectivos, tales como la pretensión de evangelizar a los pueblos indígenas interviniendo arbitrariamente en su cosmovisión, la desarticulación de las instituciones indígenas, así como la descalificación y criminalización del ejercicio de justicia indígena, medidas en las que subyacen posiciones discriminatorias y racistas, que lejos de ser combatidas han sido institucionalizadas.

Finalmente se hace un análisis de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, cuya existencia está amenazada por la política extractivista ecuatoriana.

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