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Alertas/ Pronunciamientos

CONSULTA COMUNITARIA EN KIMSAKOCHA:EJERCIENDO EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA,LIBRE E INFORMADA PDF Imprimir E-mail

Pese a que el gobernador de la provincia, Humberto Cordero, dijo que desconocería
la consulta porque sólo el Estado puede convocar a esos procesos,
acudieron 1037 personas a ejercer el derecho al voto.

 

LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA Y SU LIMITADA APLICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LEGISLATIVA

Desde 1998 se reconoce en Ecuador el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada frente a cualquier medida normativa o administrativa que afecte a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, entre ellas los planes y proyectos de minería a gran escala y el marco normativo en que se amparan, tal como lo reconocen la Constitución, el Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Pero pese a su reconocimiento normativo, tanto en el ámbito nacional como internacional, la exigencia para su cumplimiento por parte de las comunidades y pueblos indígenas ha significado el surgimiento de graves conflictos en la región: a nivel nacional se puede mencionar la resistencia del Pueblo Kichwa Sarayaku frente a la petrolera argentina CGC, los procesos de resistencia antiminera en las provincias de Imbabura, Morona Santiago y Zamora Chinchipe a finales de 2006, o las movilizaciones de finales de 2008 e inicios de 2009 frente a la aprobación de la Ley de Minería vigente actualmente; y en el ámbito internacional los casos del pueblo Saramaka en Suriname frente a la construcción de una represa en su territorio, o el proyecto de la represa Belo Monte en territorios indígenas del Brasil, o el actual conflicto entre el gobierno Boliviano y los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por la construcción de una carretera que atraviesa su territorio.

Todos estos conflictos, tienen al menos dos efectos en el contenido del derecho a la consulta previa, el primero evidenciar la tendencia regional de violación de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas por parte de los Estados en relación con el desarrollo de actividades extractivas, proyectos de infraestructura y desarrollo; y en segundo lugar constituyen presión social para precisar el contenido del derecho a la consulta, previa, libre e informada.  En ese sentido, tanto la Organización de Naciones Unidas, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han manifestado que, frente al desarrollo de actividades extractivas en territorios indígenas, no basta procesos de información y consulta, sino que los Estados tienen la obligación de recabar su consentimiento expreso.

 

 
Humberto Cholango frente a las declaraciones de Auki Tituaña PDF Imprimir E-mail

Ante las declaraciones emitidas por el ex alcalde de Cotacachi Auki Tituaña, publicadas en el diario El Comercio el 21 de agosto del 2011.  La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE realiza las siguientes aclaraciones:

1. Todo ecuatoriano y ecuatoriana tienen derecho a aspirar a ser candidato a alguna dignidad, pero para reivindicar la nobleza de la acción política no se debe recurrir a mentiras, y más aún cuando con ellas se pretende afectar la unidad y dignidad de la organización como la CONAIE y sus filiales, en las cuales nos formamos y luchamos toda la vida. Auki Tituaña en sus declaraciones deja ver un gran resentimiento y hasta odio a la CONAIE y ECUARUNARI,  olvidándose por completo que los enemigos nuestros son otros.  Es evidente que él ya optó por otro sendero político, al haber escogido como sus aliados a Nebot, Goyce de Ginatta, Guillermo Lasso, entre otros, con quienes la CONAIE no tenemos nada que ver, porque representan a la derecha neoliberal, contra quienes hemos combatido toda la vida.

2. Acusar al presidente de la CONAIE de tener “rabo de paja”; de creer en las dádivas de Correa; y haber sido acompañada la candidatura de Humberto Cholango por Solís, Lucas y Patiño; y que además  decir que “dieron apoyo económico. Veamos las cuentas de la Ecuarunari”, son CALUMNIAS TEMERARIAS, que son  el colmo por su codicia política y vanidad que haga ese tipo de declaraciones irresponsables.  Rechazo categóricamente, porque jamás he recibido apoyo en toda mi vida dirigencial de ningún gobierno de turno, aun más peor de este Gobierno o de  sus Ministros.

3. No nos sorprende las estrategias de manipulación del señor Tituaña, puesto que pretendiendo ser presidente de la CONAIE, recorrió las provincias, con similares argumentos a las bases del movimiento indígena que no creyeron, por esta razón PERDIÓ COMO CANDIDATO DEL ECUARUNARI A LA CONAIE.  Luego de manera irrespetuosa y desobediente, pretendió ser el presidente de la CONAIE en el Congreso del Puyo, PERDIENDO LAS ELECCIONES frente a las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador.  Porque no coinciden con su posición política e ideológica calificar a las Nacionalidades de la Amazonia como gobiernistas, es un acto de resentimiento personal.

4. Le emplazo al señor Tituaña que presente pruebas que el gobierno de CORREA a dado apoyo económico para la candidatura de Humberto Cholango, de no poder hacerlo, el señor Tituaña se descubrirá a sí mismo como un mentiroso y un enemigo más de la CONAIE y la ECUARUNARI, ya que pretende debilitar la lucha contra el sistema capitalista y neocolonial, que en la actualidad está representado por el gobierno de Rafael Correa y sus llamados comandantes de la revolución ciudadana Alexis Mera, Alvarados, Soliz, Patiño nos persiguen acusándonos de terroristas, por defender los derechos de la Pacha Mama los cuales están claramente contemplados en la Constitución y contra la economía extractivista de minería a gran escala en los territorios indígenas.

5. Ratificamos que la designación de Ricardo Ulcuango como embajador del Ecuador en Bolivia es una responsabilidad personal del mencionado ex dirigente.  La CONAIE  nada tiene que ver, como hemos  expresado claramente rechazando de manera pública y a través de un comunicado anterior, que el señor Tituaña parece no haberlo leído, o a propósito pretende desconocerlas por intereses políticos personales.

Quito, 22 de agosto del 2011

Humberto Cholango
PRESIDENTE DE LA CONAIE

 
Operativo militar en Esmeraldas: entre los discursos y la falta de debate de la minería PDF Imprimir E-mail

Las personas que habitan en la Provincia de Esmeraldas, enfrentan graves condiciones de inequidad y pobreza. Según los datos del SIISE, Esmeraldas es la sexta provincia más pobre del Ecuador[1], situación que se agrava en la zona rural. En efecto los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro presentan porcentajes del 97,6% y 82,7% de pobreza de acuerdo al índice por NBI.[2]

En cuanto al acceso a la salud y educación, los datos del  SIISE muestran la situación de vulnerabilidad social que enfrenta esta provincia. El analfabetismo en San Lorenzo y Eloy Alfaro es de 16,9% y 22,7% respectivamente, superando significativamente el promedio nacional de 9%. De otro lado, las principales causas de muerte infantil en esta provincia son enfermedades diarreicas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA), ambas catalogadas como enfermedades de fácil prevención, lo que constituye un indicador de las deficiencias en el acceso a servicios básicos que garanticen el derecho a la salud. En cuanto al empleo, la mayoría de la población económicamente activa se dedica a actividades de agricultura y servicios[3], evidenciándose la poca diversificación económica local, lo que genera condiciones para el surgimiento de actividades económicas ilegales (extracción ilegal de madera y minerales, narcotráfico, etc).

Adicionalmente, en su condición de provincia limítrofe enfrenta problemas sociales vinculados al conflicto armado colombiano y a la militarización de la frontera, así como un constante abandono (no presencia) del Estado y sus instituciones que agudizan aún más las condiciones de vulnerabilidad (indefensión y desprotección) de estas poblaciones.

En ese contexto, la presencia de actividad minera en esa zona provoca nuevos impactos tanto sobre los ecosistemas donde se la lleva a cabo, como en la salud de las personas que viven de dichos ecosistemas.

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A propósito de la situación de los pueblos en aislamiento voluntario y la demanda presentada por la CONAIE PDF Imprimir E-mail

En la Amazonía del Ecuador se tienen noticias de la existencia de pueblos libres o en situación de aislamiento desde los años 70’s. Se trata de los Tagaeri y los Taromenane que habitan al sur y al oriente del Parque Nacional Yasuní; además, también existen investigaciones que determinan la existencia de otros pueblos en aislamiento como los Huiñitairi, los Zaparoana y otros pequeños grupos localizados en el bajo Nashiño y el bajo Curaray, en la zona de frontera Ecuador – Perú.

La situación de los pueblos libres es sumamente crítica, ya que enfrentan presiones que, en varias ocasiones, han generado hechos violentos, los cuales se deben principalmente a la presencia de empresas petroleras, madereras y de colonos, lo cual obliga a estos pueblos a replegarse hacia la selva, invadiendo territorios ajenos, con lo que se da paso a la generación de guerras y conflictos. Estas presiones deterioran las condiciones materiales para su supervivencia.

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Rechazo a demanda de Chevron PDF Imprimir E-mail

PRONUNCIAMIENTO

En 1993 cinco nacionalidades indígenas del Ecuador presentaron una demanda en contra de la empresa Texaco (hoy Chevron) para solicitar la remediación ambiental de 1’500.000 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Hasta el día de hoy, debido a varias argucias legales presentadas por la petrolera y a pesar de que se ha demostrado el daño causado a los pueblos y nacionalidades indígenas, los campesinos afectados y  a la naturaleza, no se ha podido llegar a un fallo favorable para los afectados.

El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), ante las noticias divulgadas por la Agencia de Noticias EFE con respecto a la demanda entablada por Chevron Corp. en contra de los abogados litigantes que participaron en el juicio en contra de la petrolera, manifiesta su preocupación por los intentos de la empresa de instaurar una nueva acción legal, esta vez en el extranjero, que alargue el proceso  e impida que la petrolera pague por los daños causados en la Amazonía, a los campesinos y principalmente a los pueblos y nacionalidades indígenas que allí habitan.

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